La Ley de Dependencia no nace de una oferta electoral a la carrera y sin meditar, si no de la sensibilidad al observar una carencia que nuestra sociedad, avanzada y moderna mal que a alguno le pese, detecta como un derecho propio de las personas a sentirse dignas sin tener que depender de la benevolencia del gobierno de turno._________________
Siempre ha sido bajo los mandatos socialistas, cuando los mayores avances se han producido. Tal es así que se demuestra históricamente de manera muy sencilla:
* 1985, se universaliza la educación básica con carácter obligatorio
* 1990, se universaliza la educación secundaria con carácter obligatorio
* 1986, se universaliza la sanidad pública a todos los españoles
* 1990, se universaliza la renta mínima o salario social y las pensiones a través de las pensiones no contributiva
* 2007, se regula por Ley el derecho a la asistencia de las personas dependientes.
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Por tanto, la Ley de Dependencia constituye la culminación del estado del Bienestar, que la sociedad española se merece. No es el invento de un partido o de un gobierno, sino el fruto de años de trabajo y de consenso con los interlocutores sociales, tales como sindicatos y entre ellos de manera destacada, la UGT. Son los ciudadanos los que reclaman la utilidad de los impuestos que pagan y, nuevamente, es un gobierno del PSOE quien responde positivamente.
La Ley es muy ambiciosa y económicamente requiere un gran esfuerzo, por eso su desarrollo se estructura por etapas. En total se calcula que moverá 13.000 millones de euros de aquí al final de su implantación en 2015, generando más de 40.000 empleos sólo en Andalucía.
Por eso es una Ley compensada, pues frente a la inversión que requiere, crea fuentes de ingresos adicionales para el propio Estado, a través de nuevos puestos de trabajo y sus cotizaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Y además, permite regular profesionalmente un Sector laboral invadido por el intrusismo y la falta de calidad en el empleo.
Cuando el gobierno de Felipe González estableció las vacaciones de invierno para jubilados, el Estado aportó la financiación necesaria, pero esta acción permitió que los lugares de costa mantuvieran numerosos comercios en funcionamiento y, consecuentemente, empleos estables todo el año. Dichos trabajadores dejaron de cobrar el desempleo (ahorro para las arcas del Estado) y generaron cotizaciones (ingresos para las arcas del Estado). Entonces fue el PSOE y será otra vez el PSOE, con Rodríguez Zapatero, el que creará más derechos y estabilidad.
Por otro lado, el cuidado del dependiente en el ámbito familiar, suele recaer sobre la mujer, lo que la impide trabajar fuera de casa, privando a la familia de un ingreso económico adicional y de su propio desarrollo laboral. Cuando la circunstancia cambia, por el fallecimiento u hospitalización terminal del dependiente, generalmente es a una edad que dificulta mucho su incor-poración al mundo del trabajo. Con la Ley, se la puede dotar de un sueldo a cargo del Estado, a cambio de su trabajo, con lo que además, cotiza a la Seguridad Social.
El Estado pone los medios y la Comunidades Autónomas prestan el servicio. A través del Programa Integral de Atención (PIA), son los Ayuntamientos y sus Servicios Sociales, quienes acercan el servicio al dependiente. Andalucía ha sido en esto, como en tantas otras mejoras sociales, la primera y más avanzada. Madrid la última y la más reticente. Es bueno recordar, a la hora de votar, quién gobierna en cada una.
El proceso se inicia con la “baremación” del grado de dependencia del solicitante. Dicha escala ha sido aprobada por las Asociaciones de Dependencia de nuestro país. Hay hasta 6 niveles y se iniciará con los más graves hasta los menos. Una vez que el dependiente está baremado y reconocido su derecho, si no recibe la prestación que le corresponda, puede exigirla por vía judicial, bajo el amparo de la propia Ley de Dependencia.
Desde antes de que se firmara en 2005 el Acuerdo sobre Dependencia, un largo camino de trabajo ha permitido elaborar una Ley tan importante. Como dijo el Presidente Zapatero:
“no lo hemos hecho sólo nosotros,
pero sin nosotros no se hubiera hecho”.
Santiago Navas Fernández
Miembro Sector Banca UGT-Sevilla
Por tanto, la Ley de Dependencia constituye la culminación del estado del Bienestar, que la sociedad española se merece. No es el invento de un partido o de un gobierno, sino el fruto de años de trabajo y de consenso con los interlocutores sociales, tales como sindicatos y entre ellos de manera destacada, la UGT. Son los ciudadanos los que reclaman la utilidad de los impuestos que pagan y, nuevamente, es un gobierno del PSOE quien responde positivamente.
La Ley es muy ambiciosa y económicamente requiere un gran esfuerzo, por eso su desarrollo se estructura por etapas. En total se calcula que moverá 13.000 millones de euros de aquí al final de su implantación en 2015, generando más de 40.000 empleos sólo en Andalucía.
Por eso es una Ley compensada, pues frente a la inversión que requiere, crea fuentes de ingresos adicionales para el propio Estado, a través de nuevos puestos de trabajo y sus cotizaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Y además, permite regular profesionalmente un Sector laboral invadido por el intrusismo y la falta de calidad en el empleo.
Cuando el gobierno de Felipe González estableció las vacaciones de invierno para jubilados, el Estado aportó la financiación necesaria, pero esta acción permitió que los lugares de costa mantuvieran numerosos comercios en funcionamiento y, consecuentemente, empleos estables todo el año. Dichos trabajadores dejaron de cobrar el desempleo (ahorro para las arcas del Estado) y generaron cotizaciones (ingresos para las arcas del Estado). Entonces fue el PSOE y será otra vez el PSOE, con Rodríguez Zapatero, el que creará más derechos y estabilidad.
Por otro lado, el cuidado del dependiente en el ámbito familiar, suele recaer sobre la mujer, lo que la impide trabajar fuera de casa, privando a la familia de un ingreso económico adicional y de su propio desarrollo laboral. Cuando la circunstancia cambia, por el fallecimiento u hospitalización terminal del dependiente, generalmente es a una edad que dificulta mucho su incor-poración al mundo del trabajo. Con la Ley, se la puede dotar de un sueldo a cargo del Estado, a cambio de su trabajo, con lo que además, cotiza a la Seguridad Social.
El Estado pone los medios y la Comunidades Autónomas prestan el servicio. A través del Programa Integral de Atención (PIA), son los Ayuntamientos y sus Servicios Sociales, quienes acercan el servicio al dependiente. Andalucía ha sido en esto, como en tantas otras mejoras sociales, la primera y más avanzada. Madrid la última y la más reticente. Es bueno recordar, a la hora de votar, quién gobierna en cada una.
El proceso se inicia con la “baremación” del grado de dependencia del solicitante. Dicha escala ha sido aprobada por las Asociaciones de Dependencia de nuestro país. Hay hasta 6 niveles y se iniciará con los más graves hasta los menos. Una vez que el dependiente está baremado y reconocido su derecho, si no recibe la prestación que le corresponda, puede exigirla por vía judicial, bajo el amparo de la propia Ley de Dependencia.
Desde antes de que se firmara en 2005 el Acuerdo sobre Dependencia, un largo camino de trabajo ha permitido elaborar una Ley tan importante. Como dijo el Presidente Zapatero:
“no lo hemos hecho sólo nosotros,
pero sin nosotros no se hubiera hecho”.
Santiago Navas Fernández
Miembro Sector Banca UGT-Sevilla
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